Universidad imperial

Los liceos de 1802 habían dado al Estado establecimientos; le faltaba un cuerpo. Los profesores seguían reclutándose localmente, las escuelas privadas y los seminarios menores enseñaban sin control, y nada garantizaba la uniformidad de los programas ni la lealtad de los maestros.

El decreto del 17 de marzo de 1808 creó la Universidad imperial: no un establecimiento, sino un cuerpo docente estatal único, el solo habilitado para enseñar públicamente en todo el Imperio. Nadie podía abrir escuela ni enseñar sin pertenecer a él y sin autorización.

A su frente, un gran maestre nombrado por el Emperador — sería Fontanes — asistido por un consejo. El territorio se dividía en academias, calcadas sobre las circunscripciones de los tribunales de apelación, cada una dirigida por un rector y controlada por inspectores. La cadena de mando era la de la administración prefectoral, aplicada a las escuelas.

El monopolio recaía sobre todo en la colación de grados: bachiller, licenciado, doctor. El bachillerato, creado por el mismo texto, se convertía en la clave de bóveda del sistema — el único paso reconocido de la secundaria a las facultades y a las carreras.

El monopolio fue impugnado desde la Restauración por la Iglesia y por los partidarios de la libertad de enseñanza; cedió con la ley Falloux de 1850, que reabrió la secundaria a los establecimientos privados.

El resto permaneció. Las academias, los rectores, los inspectores, el bachillerato nacional, la idea de un cuerpo docente reclutado y pagado por el Estado: el armazón de la escuela francesa de hoy data de ese decreto más que de ninguna reforma posterior.