Creación de los prefectos

La Revolución había confiado la administración local a cuerpos electos, a menudo impotentes y a veces hostiles al gobierno. Tras diez años de desorden fiscal, de conscripción mal aplicada y de un oeste sublevado, el Consulado quería una cadena de mando sin eslabón electivo.

La ley del 28 de pluvioso del año VIII, promulgada el 17 de febrero de 1800 y preparada por Chaptal y Roederer, puso al frente de cada departamento un prefecto nombrado por el Primer cónsul, secundado por subprefectos de distrito y por alcaldes también designados. Los consejos subsistieron, pero consultivos.

El prefecto acumulaba lo que el Antiguo Régimen repartía entre el intendente, el subdelegado y los cuerpos municipales: recaudaba el impuesto, sacaba la quinta, vigilaba la prensa, nombraba a los maestros, abría carreteras y rendía cuentas cada quince días. Era revocable en cualquier momento y a menudo trasladado, para evitar que echara raíces.

El reclutamiento fue deliberadamente compuesto: antiguos constituyentes, emigrados regresados, militares, hombres de la Revolución adheridos. La prefectura se convirtió en uno de los instrumentos de la fusión de élites que el régimen buscaba.

De todas las instituciones consulares, es la que más ha durado sin cambiar de forma. Monarquías, repúblicas e imperios conservaron al prefecto; habría que esperar a las leyes de descentralización de 1982 para que el ejecutivo departamental se le escapara.

El precio es conocido y se señaló desde la época: la vida política local desaparece durante siglo y medio, y la administración toma la costumbre de bajar de París en lugar de subir de las comunas.