Consulado vitalicio

En la primavera de 1802 Bonaparte había resuelto en dieciocho meses lo que la Revolución no había sabido resolver en diez años: Marengo y Lunéville habían pacificado el continente, el Concordato había cerrado la cuestión religiosa, la amnistía había devuelto a los emigrados, la paz de Amiens había puesto fin a la guerra con Inglaterra. El Tribunado propuso un testimonio nacional de reconocimiento.

El Senado, prudente, solo ofreció una prórroga de diez años. Bonaparte rechazó la media medida e hizo plantear al pueblo otra pregunta: ¿sería el Primer cónsul vitalicio?

El plebiscito, abierto en registros públicos donde cada cual firmaba a la vista, dio más de tres millones y medio de síes contra unos ocho mil noes. El voto no era secreto y la abstención siguió siendo masiva, pero el orden de magnitud no se discute: el país quería estabilidad.

El senadoconsulto del 2 de agosto de 1802 proclamó el resultado. La Constitución del año X que siguió añadió al Consulado vitalicio el derecho a designar sucesor, redujo el Tribunado de cien a cincuenta miembros y dio al Senado, en adelante nombrado por el Primer cónsul, el poder de modificar la Constitución por senadoconsulto.

El régimen tenía ya todos los atributos de la realeza salvo el título: un jefe inamovible, un sucesor designable, un Senado dócil capaz de revisar las leyes fundamentales sin pasar por el pueblo. Los republicanos sinceros lo comprendieron; Lafayette votó no públicamente.

Solo faltaba la herencia, que el atentado de la calle Saint-Nicaise y luego el caso de Enghien harían políticamente defendible. El Imperio se proclamó veintidós meses después.