La monarquía española se desgarraba desde hacía meses: Carlos IV, su valido Godoy y el heredero Fernando se disputaban el trono tras el motín de Aranjuez. Napoleón, cuyas tropas ocupaban ya el país con el pretexto de ir a Portugal, ofreció su arbitraje y los convocó al castillo de Marracq, cerca de Bayona. Acudieron todos, por su propia voluntad.
El mecanismo se resolvió en tres semanas. Fernando VII devolvió la corona a su padre el 6 de mayo; Carlos IV se la cedió a Napoleón al día siguiente a cambio de una pensión y del castillo de Compiègne. El 6 de junio José Bonaparte fue proclamado rey de España. Una asamblea de notables españoles convocada allí mismo adoptó en julio la Constitución de Bayona, texto de reformas redactado en francés.
Mientras la familia real negociaba su rendición, Madrid se había sublevado. El 2 de mayo estalló la insurrección; Murat la reprimió aquella noche, con fusilamientos que Goya pintaría seis años después. La noticia llegó a Bayona en plena negociación y no la interrumpió — solo la hizo más urgente.
El cálculo era jurídicamente impecable y políticamente desastroso. Suponía que una nación seguiría a su dinastía; España hizo exactamente lo contrario. Seis años de guerra, trescientos mil hombres tragados, la primera derrota de un ejército imperial en Bailén. En Santa Elena hizo la confesión más neta de sus memorias: esa desdichada guerra de España lo perdió.
